Se trata de impulsar un esfuerzo para la recolección de 60,000 firmas para que entre una
iniciativa popular de reforma constitucional de acuerdo al art. 206 del texto de 1993.
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Continua flagrante ilegalidad nacida del Decreto Ley 25418, dictada en la oficina del SIN por Fujimori para dar el Golpe de Estado 04-05-92, acto criminal que tiene secuestrado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales, fuerzas armadas y al pais, ilicitamente consentida por la OEA el 18-05-92 en Las Bahamas en la reunion de Ministros RREE, que dolosamente autorizo al golpista a que creara y actuara bajo su ilegal reglamento dictatorial (constitucion 1993) de Fujimori, que en turno obedecieron designados sediciosos usurpadores Paniagua, Toledo y Garcia, quienes omitieron dar cumplimiento a coercitivos articulos 82 y 307 de la Constitucion 1979 vigente, orden juridico con supremacia y soberania, imprescriptible, insustituible, insuspendible e inderogable, que el 28-07-2011 Ollanta Humala al asumir el poder juro cumplir y obedecer, acto juridico que obliga al presidente a derogar ipso facto el ilegal Decreto Ley 25418, para finalmente sacar de la ignominia, falacia, inmoralidad, ilegalidad y lignum crucis al pais, y del secuestro a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, en efecto restablecer el estado de derecho y la democracia y el ejercicio pleno del derecho facultativo de votar.
ResponderEliminarRestablecida la legalidad procesar a los golpistas por traicion a la patria, por los crimenes de lesa humanidad y sistematicos fraudes al erario publico efectuados antes y despues del golpe de estado del 05-04-92, estando los procuradores y fiscales con obligacion constitucional y moral de perseguir de oficio el enriquecimiento ilicito y incautar los bienes de los transgresores que vienen beneficiendose de la vulneracion del estado de derecho, es asi solo con legalidad es viable perseguir y extirpar los actos de corrupcion= anticorrupcion e impunidad realizados mediante ilegales decretos supremos y resoluciones seudos judiciales.
Amparado en la legalidad La Nacion dara estabilidad juridica a la inversion y gobernabilidad al pais, y otorgar razonable garantia de seguridad juridica a los tratados, convenios, bonos soberanos, reperfilamiento de la deuda externa, ahorros y a la observancia del debido proceso en los procesos judicial y administrativo.