A un grupo de peruanos que hemos luchado intensamente contra las dictaduras nos parece preciso para el país que no vuelva a estancarse el propósito de reforma constitucional que insinuó el Presidente Humala en su discurso inaugural.Han pasado dos meses desde esa declaración y al no haber tomado la iniciativa los parlamentarios ni el Poder Ejecutivo, es necesario que se impulse el tema desde la sociedad civil, aquella que nunca cejó en su lucha por devolver al Perú al estado de dignidad constitucional.
Hay quienes creen que es asunto de menor cuantía o una lindeza de la que hay que correr, el hecho que el Perú sea gobernado según lo que quiso una dictadura. Eso no es verdad. Incluso si Keiko Fujimori señaló en la campaña que se arrepentía del golpe de Estado que se perpetró en 1992, no puede menos que revisarse el fruto directo de ese acto que provoca el pedido de perdón: la denominada constitución de 1993.
La propuesta apunta a que sea este Congreso plural, elegido hace menos de medio año, el que debata y revise el sistema constitucional del país teniendo como base la Carta de 1979. Fija además un plazo suficiente para que este hecho se produzca. No le coloca un poder constituyente al lado de tal forma que sean los propios elegidos los que cavilen con tranquilidad y decidan sobre una Constitución donde todos puedan llevarse en armonía consolidándose el respeto a los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el desarrollo económico que nos ha de beneficiar a todos.
De esta manera, todos los sectores, incluso el fujimorismo, esta vez bajo las reglas democráticas, podrán participar en este debate y el resultado será el de una norma que refleje una voluntad auténtica.
Ello servirá de lección no sólo en el país, sino también en el hemisferio, de que una dictadura no tiene derecho a endilgarle al país su credo y a que todas las autoridades de una nación democrática, resultado de la lucha contra ese flagelo autoritario, deben de seguir a pie juntillas con sus dictados. Como señalaba Rousseau, “la fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?... Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario obedecer por deber, y si la fuerza desaparece la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en absoluto”.
Esto mismo pasó con la “constitución” de 1993. Impuesta por la fuerza como barniz de una dictadura y estando ya presos los que sometieron al país, no tiene el Perú ninguna obligación de obedecer lo que quiso el autócrata.
Vayamos hacia las nuevas reglas que se ha de dar la democracia. Para ello, apoyemos la iniciativa popular de reforma constitucional firmando los planillones.
Alberto Borea Odria
me parece buena su iniciativa,no a la constitucion de la dictadura
ResponderEliminarContinua flagrante ilegalidad nacida del Decreto Ley 25418, dictada en la oficina del SIN por Fujimori para dar el Golpe de Estado 04-05-92, acto criminal que tiene secuestrado a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales, fuerzas armadas y al pais, ilicitamente consentida por la OEA el 18-05-92 en Las Bahamas en la reunion de Ministros RREE, que dolosamente autorizo al golpista a que creara y actuara bajo su ilegal reglamento dictatorial (constitucion 1993) de Fujimori, que en turno obedecieron designados sediciosos usurpadores Paniagua, Toledo y Garcia, quienes omitieron dar cumplimiento a coercitivos articulos 82 y 307 de la Constitucion 1979 vigente, orden juridico con supremacia y soberania, imprescriptible, insustituible, insuspendible e inderogable, que el 28-07-2011 Ollanta Humala al asumir el poder juro cumplir y obedecer, acto juridico que obliga al presidente a derogar ipso facto el ilegal Decreto Ley 25418, para finalmente sacar de la ignominia, falacia, inmoralidad, ilegalidad y lignum crucis al pais, y del secuestro a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tribunal de garantias constitucionales y fuerzas armadas, en efecto restablecer el estado de derecho y la democracia y el ejercicio pleno del derecho facultativo de votar.
ResponderEliminarRestablecida la legalidad procesar a los golpistas por traicion a la patria, por los crimenes de lesa humanidad y sistematicos fraudes al erario publico efectuados antes y despues del golpe de estado del 05-04-92, estando los procuradores y fiscales con obligacion constitucional y moral de perseguir de oficio el enriquecimiento ilicito y incautar los bienes de los transgresores que vienen beneficiendose de la vulneracion del estado de derecho, es asi solo con legalidad es viable perseguir y extirpar los actos de corrupcion= anticorrupcion e impunidad realizados mediante ilegales decretos supremos y resoluciones seudos judiciales.
Amparado en la legalidad La Nacion dara estabilidad juridica a la inversion y gobernabilidad al pais, y otorgar razonable garantia de seguridad juridica a los tratados, convenios, bonos soberanos, reperfilamiento de la deuda externa, ahorros y a la observancia del debido proceso en los procesos judicial y administrativo.